Este mes de julio de 2017 inicia la implementación del uso del CFDI 3.3 – opcional hasta diciembre – lo cual está causando gran revuelo y alarma en la comunidad empresarial y contable. Y la razón es simple. El objetivo de este nuevo sistema de emisión de comprobantes fiscales es el de incrementar y hacer más eficiente – efectiva la fiscalización de los contribuyentes de México.

Ya de antes éramos líderes en fiscalización electrónica en el mundo. Con este CFDI 3.3 nos convertimos en los líderes definitivos de la fiscalización utilizando los medios electrónicos.

Eso nos llena de orgullo obviamente, sin embargo, también llena de preocupación a los contribuyentes y contadores.

Esto se debe a que nuestras empresas, más del 95% PYMES, son administradas casi como en los años 80´s del siglo pasado. Basadas mucho en usos y costumbres. Y entienden a los controles contables como de uso exclusivo para el pago de impuestos. Esto porque la comunidad contable prácticamente entendió y divulgo prolijamente esta idea.

Esto presenta un reto para los profesionales de la contaduría y para las empresas, y contribuyentes en general.

Para los primeros, los contadores, el SAT pretende eliminar para 2018 el cálculo y presentación de declaraciones, ya que con la información derivada del CFDI 3.3, las operaciones bancarias, los reportes de los notarios y otros, determinará de manera regular la carga contributiva de los contribuyentes, lo cual ya ha sido avalado como válido por la Suprema Corte, al menos en el caso de la información bancaria.

Lo cual trae como consecuencia una modificación profunda en las actividades e ingresos de los profesionales contables. El SAT va a hacer su trabajo. Lo cual es muy parecido a lo que ocurrió con los auditores fiscales. El SAT los quería fuera del esquema de fiscalización, y quito la obligatoriedad del dictamen fiscal y logro sacarlos. Lo cual provocó una hecatombe en la profesión. Hoy el SAT quiere quitar de en medio a los contadores para hacer una fiscalización más directa.

Por otro lado, el SAT pretende aislar a las empresas, a los contribuyentes en general, y ejercer una fiscalización directa, lo más directa posible, y en tiempo real. Lo cual trae un problema bastante relevante para las empresas y demás contribuyentes. El ataque es directo sobre el control interno de sus operaciones. La mayoría de las empresas y contribuyentes del país no cuentan con un correcto control de sus operaciones. Prácticamente se hace impráctico llevar registros y controles contables por mes. Estos se deben de realizar de forma diaria, en tiempo real, que es como lo hace el SAT.

El CFDI 3.3 cuenta con una gran cantidad de catálogos para llenar en cada rubro de la factura (CFDI) con lo cual se reduce la libertad de llenado de dicho formato y esto le facilita de una forma impresionante la fiscalización a la autoridad.

Con este CFDI 3.3 la autoridad podrá determinar básicamente la deducibilidad de cada gasto amparado por cada comprobante y la proporción deducible de forma automática. Con lo cual determinará en 2018 el ISR e IVA de cada contribuyente.

La salida para los auditores y contadores a este ataque directo de la autoridad fiscalizadora a su actividad profesional ha sido, en varios casos, no todos, la venta de facturas de empresas de papel (fantasma) lo cual ha representado para el SAT una pérdida del pago de impuestos considerable y que con este CFDI 3.3 se pretende detener en buena medida. Ya veremos si es así. O no.

La salida de los contribuyentes hasta la fecha para no pagar más impuestos derivados de la nueva fiscalización electrónica ha sido comprar facturas (CFDI) por operaciones inexistentes a empresas de papel (montadas por contadores, auditores, bogados, etc.) con la ingenuidad del ignorante. Y digo esto porque los contribuyentes piensan que comprar un CFDI por una operación inexistente es igual que comprar una factura de papel por una operación inexistente. No reconocen, ni quien se las vende les explica, por supuesto, que la autoridad (SAT) tiene de 5 a 10 años para poder dejar sin efecto fiscal dicho comprobante electrónico. Es una contingencia para tomar en cuenta.

De aquí a diciembre veremos la reacción de los contribuyentes y del SAT. Esta modificación a la facturación electrónica incrementa la presión social, la cual ya ha venido en aumento con otros elementos como el alza del precio de la gasolina, la inseguridad, los escándalos políticos etc.

No perdamos de vista que el 2018 es año electoral y esto puede cambiar todas las intenciones del SAT. Ya veremos.

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