Desde antes del CFDI, la simulación de operaciones y la emisión de comprobantes que las avalen ha sido de uso frecuente para la reducción de impuestos de los contribuyentes en nuestro país. Primero fue en papel y hoy esta se lleva a cabo a través de la emisión de los ya famosos CFDI, llamados facturas electrónicas.
Parte importante de la justificación y motivos que le dieron origen al CFDI fue precisamente el combate a la simulación de operaciones y una mayor fiscalización. Y precisamente a partir de la emisión de CFDI´s la simulación de operaciones y lavado de dinero crecieron de forma relevante. O nos pudimos dar mayor cuenta.
Todo este crecimiento de simulación y lavado se hizo más fácil, más rápido. Y en gran medida por la gran ignorancia de los participantes en tales actividades.
Es sabido que reforma tras reforma fiscal, las facultades de las autoridades fiscalizadoras han ido ganando terreno. Y no sólo en materia jurídica, también han ido ganando terreno en el campo tecnológico, lo cual les permite estar pasos delante de los contribuyentes: minería de datos, big data, estadística predictiva, sellos digitales, firmas, etc, etc. Las estadísticas lo demuestran como el uso de la tecnología le ha permitido al SAT reducir sensiblemente el costo de cada peso recaudado.
Poco a poco, la carga de la prueba paso a los contribuyentes. Es decir, el SAT presume y el contribuyente debe comprobar lo contrario.
En este entorno legal, surge la intención de este gobierno de la 4T de ir con todo contra las empresas que dedujeron operaciones simuladas con CFDI´s a partir de agosto de 2019.
Y al principio utilice las palabras “ignorancia de los participantes” para referirme básicamente a los que precisamente dedujeron dichos comprobantes. Explico por qué.
Las autoridades tienen la facultad para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales de ejercicios fiscales y pérdidas de hasta diez años.
En este entendido, el desconocimiento de las disposiciones fiscales y capacidades tecnológicas de la autoridad, hizo a muchos contribuyentes (EDOS) decantarse por adquirir CFDI´s que no amparaban operaciones reales con el único efecto de reducir o anular el pago de sus impuestos, tales como IVA o ISR. Obvio con la efectiva labor de venta de una cantidad ingente de personas que se dieron a la tarea de crear empresas fantasma (EFOS) para emitir tales comprobantes. La tomada de pelo está en que dichos vendedores de facturas (EFOS) no les otorgaron garantía alguna que cubriera la contingencia de ser descubiertos hasta en un periodo de diez años. Lo cual este gobierno de la 4T está haciendo real dicha contingencia a partir de agosto del presente.
Es decir, los que vendieron CFDI´s con operaciones simuladas (compras, gastos, servicios que nunca existieron) no les explicaron a sus clientes el riesgo de poder ser descubiertos hasta en un periodo de cinco años, extendible hasta diez.
Por tanto, los (ilusos) compradores de tales CFDI con operaciones simuladas, en este momento, con la amenaza del gobierno federal, deben tomar la decisión costosa de autocorregirse o hacer nada e incrementar el grado de riesgo de ser descubiertos con todos los costos que esto puede implicar.
Aquello en lo que se refiere a contribuyentes que realizan actividades reales y adquirieron CFDI´s con operaciones simuladas para reducir o eliminar el pago de sus impuestos.
Por otro lado está lo que, a estas alturas, el propio gobierno federal debiera reconocer saber. Que un grueso de las operaciones simuladas amparadas con CFDI´s fueron y son aplicadas por los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, pasando por diversos organismos públicos, para justificar el desvío de recursos públicos.
Pero este es otro tema delicado que muy probablemente se arreglará en el campo de los golpeteos, negociaciones y acuerdos políticos. Es otro cuento.
